El proyecto de
concentración arbitraria de poder a largo plazo del presidente de Nicaragua
Daniel Ortega, en lo que cada vez más asume el carácter de una dictadura
familiar, ha llevado en los últimos meses a la clausura de partidos políticos y
malversación de las reglas electorales, a la represión a garrotazos de
manifestaciones opositoras por medio de fuerzas de choque, a la persecución de
artistas y escritores como el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal y los hermanos
Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, a la presión contra canales de televisión
independientes para cancelar programas de opinión críticos al régimen, como
ocurrió con "El 2 en la Nación", y a juicios amañados contra
directores de medios de comunicación, como ha ocurrido con los director del
diario La Prensa, todo en medio de una campaña intimidatorio de injurias,
difamación y calumnias en contra de los periodistas independientes y de los
dirigentes de organizaciones políticas y civiles.
El último en
esta lista es el periodista Carlos
Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el
valiente director del diario La Prensa asesinado por la dictadura de la familia
Somoza en 1978. Carlos Fernando dirige en Managua el programa de televisión
Esta Semana, que se transmite por el canal 8 y goza de amplia credibilidad por
su independencia y profesionalismo, y preside también la Fundación Cinco,
dedicada a promover investigaciones sobre comunicación, cultura y
democratización, y a promover el periodismo investigativo.
En junio del
año pasado, Carlos Fernando presentó en Esta Semana una investigación
periodística demostrando la existencia del primer gran caso de corrupción en el
gobierno de Ortega: una millonaria extorsión extrajudicial fraguada desde la
Secretaría del partido FSLN, donde también opera la Casa Presidencial. La
Fiscalía enterró el caso en la impunidad; el empresario que denunció la
extorsión fue condenado por injurias y calumnias, y el diputado Alejandro
Bolaños, que respaldó la denuncia, fue despojado arbitrariamente de su escaño legislativo.
Desde entonces
Carlos Fernando fue sometido a una campaña de difamación en la televisión y la
radio oficial, que controla Rosario Murillo, la esposa de Ortega, atribuyéndole
delitos tales como los de "narcotraficante, asociación para delinquir,
agresor de campesinos y mafioso roba-tierras", en un franco afán de
intimidarlo y callarlo. Ahora, se le ha abierto causa por "lavado de
dinero".
El Ministerio
de Gobernación ha acusado a Cinco, y por tanto a Carlos Fernando, de
"triangulación y lavado de dinero" por haber suscrito un convenio con
el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), organismo que ha condenado la
prohibición del aborto terapéutico establecido en las leyes por el régimen de
Ortega, convenio financiado por ocho gobiernos europeos y administrado por
OXFAM de Inglaterra, con el propósito de promover "la ciudadanía plena de
las mujeres".
La médica
argentina Ana María Pizarro, reconocida en Latinoamérica por su compromiso en
la defensa de los derechos de las mujeres, pidió protección a la Cancillería de
Argentina para ella y su hijo de 13 años, y denunció que está siendo víctima de
una serie de acciones persecutorias de parte del gobierno de Nicaragua, al
igual que otras ocho líderes feministas de ese país. Pizarro vive hace 28 años
en Managua, y en 1996 adoptó la nacionalidad nicaragüense. “Me fui de la
Argentina perseguida durante la última dictadura militar y ahora vivo el
hostigamiento del régimen de Ortega”,
En los últimos
días, organizaciones de mujeres, de derechos humanos y sociales de distintos
países de la región iniciaron una “denuncia internacional de las acciones
persecutorias desarrolladas por parte del gobierno de Nicaragua” contra
feministas.
La esposa de
Ortega se había adelantado a señalar este convenio como el "el fondo
satánico" y "Los fondos del mal". El caso ha pasado a la
Fiscalía General, que decide las acciones penales en contra de los ciudadanos,
y Carlos Fernando fue sometido ya a un extenso interrogatorio por los fiscales
designados para llevar el caso.
Carlos Fernando
ha declarado: "al no existir una base legal sobre esta investigación,
tengo la convicción de que el gobierno está intentando armar un caso jurídico
para justificar una acción de represalia política, que ya fue decidida en las
más altas esferas del poder, contra Cinco y sus directivos, así como contra
periodistas, medios de comunicación, y organizaciones de la sociedad civil, que
en base a sus derechos constitucionales ejercen una labor crítica sobre la
gestión del gobierno."
Posteriormente,
la Fiscalía General, valiéndose de la orden fabricada de un juez de los que
obedecen a Ortega, consumó un allanamiento policial violento a las oficinas en
que funciona la Fundación Cinco. En el operativo fueron utilizados más de 40
policías que acordonaron la zona con cintas de "escena del crimen",
se rompieron las puertas, y en un allanamiento y operación de cateo que duró 15
horas, fueron secuestrados los archivos de la organización, más de 15.000
folios, y cinco computadoras, de las que no se revisó su contenido, con lo que
estos pueden ser falseados. Lo mismo fue hecho en la sede del Movimiento
Autónomo de Mujeres.
Llamamos a la
comunidad internacional a denunciar estos hechos que sólo demuestran el camino
que Nicaragua lleva hacia la dictadura bajo el régimen de Ortega, y a
solidarizarse plenamente con el periodista Carlos Fernando Chamorro, amenazado
con la cárcel, quien igual que su padre defiende el derecho a la libre
expresión frente a la brutalidad del autoritarismo.
21.10.2008
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